Los delitos ambientales, el acaparamiento de tierras o la explotación ilegal de los recursos, por parte de empresas y gobiernos, podrán ser juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI) como crímenes contra la humanidad.

La nueva competencia del organismo en el juzgamiento de estos delitos, representa para la Responsabilidad Social un tema de mucho impacto que aportaría a los objetivos globales por alcanzar un mundo sostenible.

“El impacto de los crímenes puede evaluarse a la luz de, entre otras cosas, el aumento de la vulnerabilidad de las víctimas, el terror en consecuencia, o el daño social, económico o medioambiental causado a las comunidades afectadas”, señala un comunicado de la CPI.

“En este contexto, la Oficina prestará especial consideración a la persecución de los crímenes comprometidos a través del Estatuto de Roma o que tengan como resultado la destrucción del medio ambiente, la explotación ilegal de los recursos naturales o el despojo ilegal de las tierras”, agrega el organismo.

Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Hasta ahora la CPI, con sede en La Haya y que se fundó en 2002 tras los genocidios de Yugoslavia y Ruanda, se había centrado en crímenes muy concretos que han tenido lugar en épocas de guerra. Pero la repercusión cada vez mayor para miles de personas de los delitos contra el medioambiente en entornos de paz, ha hecho que la Corte incluya ahora estos nuevos criterios.

“Expulsar a las comunidades de sus tierras y destrozar el medioambiente se ha convertido en una forma aceptada de hacer negocios en muchos países pobres, pero ricos en recursos. La decisión de la CPI muestra que la impunidad está llegando a su fin. Los directivos de las empresas y los políticos cómplices del empoderamiento violento de la tierra, arrasando bosques tropicales o envenenado los recursos de agua, pronto podrían verse sometidos a juicio en La Haya junto a criminales de guerra y dictadores”, señala Gillian Caldwell, director ejecutivo de Global Witness, que denuncia que hasta ahora la Corte no estaba investigando las “atrocidades masivas cometidas en nombre del desarrollo”.

Diario Público, de España, aclara que pese a este anuncio, la CPI sólo puede juzgar a personas físicas, y que actualmente no existen instancias jurídicas internacionales ante las que denunciar a las empresas por los casos de violaciones de derechos humanos o al medioambiente.

Esto, pese a que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó en 2014, a propuesta de Ecuador y Sudáfrica, una resolución para crear un instrumento jurídicamente vinculante que regule la actividad de las empresas transnacionales, pero las trabas por parte de los países inversores lo han impedido.

Fuente: Diario Público

Categorias: Asuntos públicos

Sus Comentarios